Como consecuencia de un encargo profesional en reclamación de una importante deuda adquirida por una sociedad radicada en la provincia de Málaga, se inició una compleja investigación para determinar no solo los activos para iniciar el proceso ejecutivo correspondiente, si no que en el transcurso de la misma se pudo identificar a sus reales titulares del capital social que resultó ser un grupo de empresas que venían actuando como una organización criminal.
Como consecuencia de las investigaciones y la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de España se procedió a detener a más de 40 personas radicadas en Madrid, Barcelona, Girona, Mallorca, Marbella, Malaga, Alicante, Barcelona y otros, por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y otros.